El régimen cubano debe poner en libertad de forma inmediata e incondicional al preso de conciencia y periodista independiente cubano Roberto Quiñones Haces, exigieron hoy las organizaciones ARTICLE 19, el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) y Amnistía Internacional.
Quiñones, de 63 años, fue juzgado en 2019 y condenado a un año de prisión por “resistencia” y “desobediencia”, como consecuencia del ejercicio de su labor como periodista independiente.
“La condena de Roberto Quiñones no sólo es un ejemplo más de cómo opera la censura a periodistas independientes en Cuba, sino que busca generar miedo entre quienes defienden la libertad de expresión en el país y pone el riesgo el derecho de las personas a buscar y recibir información libremente. Reiteramos que ninguna persona periodista debería tener que decidir entre el silencio o la cárcel, y exigimos la liberación inmediata e incondicional de Roberto Quiñones”, declararon las organizaciones.
En abril de 2019, Quiñones reportaba para el diario digital Cubanet los pormenores de un juicio que se llevaba a cabo en el Tribunal Municipal de Guantánamo, que se le seguía a una pareja de pastores evangélicos que decidió educar a sus hijos en su casa. Según el periodista, la Policía Nacional lo detuvo y lo golpeó. Como resultado, presentó una queja formal contra los policías. Roberto Quiñones también alega que fue detenido arbitrariamente en ocasiones anteriores, ya en 2015.
En agosto de 2019, Roberto Quiñones fue declarado culpable de “resistencia” y “desobediencia” y condenado a un año de prisión. El 23 de agosto, un tribunal de apelación confirmó su condena, sin concederle una nueva audiencia oral. El 11 de septiembre de 2019, Roberto Quiñones fue arrestado en Cienfuegos, Cuba, y ha permanecido en prisión desde entonces.
Por décadas, Amnistía Internacional ha documentado cómo las disposiciones del Código Penal cubano, como la «resistencia» y la «desobediencia», han sido utilizadas para sofocar la libertad de expresión en Cuba. El encarcelamiento de Roberto Quiñones es otro ejemplo de una política de antigua data que ha continuado bajo la administración de Miguel Díaz-Canel.
Durante su encarcelamiento, Roberto Quiñones ha desarrollado dolencias gastrointestinales, respiratorias y otras complicaciones de salud relacionadas con patologías preexistentes, según ha declarado su familia. Quiñones también ha escrito sobre sus condiciones de reclusión, que incluyen el hacinamiento, la mala calidad del agua y los alimentos, y la falta de atención médica adecuada, por lo cual fue sancionado por el Consejo Disciplinario de la Prisión Municipal de Guantánamo, prohibiéndole escribir en adelante, según testimonios que trascendieron en la prensa y que ARTICLE 19 pudo recabar. Es importante advertir que estos factores de salud aumentan su potencial riesgo frente a la COVID-19.
En 2020, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa y en medio de las alertas frente a los efectos de la COVID-19, ARTICLE 19, CPJ y Amnistía Internacional solicitaron la liberación inmediata e incondicional de Quiñones al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de una carta abierta. Las autoridades cubanas no han respondido a estas solicitudes.
“En lugar de intentar justificar la condena de un periodista independiente como Roberto Quiñones, por ejercer pacíficamente su profesión, el gobierno cubano debe tomar medidas concretas para proteger la libertad de expresión y prensa, tal como le ha sido solicitado en reiteradas ocasiones por las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, así como otros Estados en el contexto de su más reciente Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos”, señalaron las organizaciones.
El llamado por la liberación inmediata e incondicional de Roberto Quiñones se realiza en el contexto de múltiples preocupaciones respecto de alegadas restricciones contra periodistas independientes en el contexto de COVID-19 y el Decreto-Ley 370, una normativa que, según reportes, aparenta extender la red de control y censura del gobierno cubano al espacio digital, socavando potencialmente la libertad de expresión.
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