Sumo mi firma y mi malestar al de los siete intelectuales y artistas cubanos (Amir Valle, Alberto Garrido, Yaiset Rodríguez, Yoe Suárez, Carlos Jesús (CJ) Martínez, Sacramento José Acebo, y Antonio Lorenzo), que enviaron recientemente una carta abierta al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y a Raúl Castro, quien dirige el partido que el Gobierno y el Estado de la Isla sigue imponiendo al pueblo, el PCC (Partido Comunista de Cuba).
Apoyo a la familia cristiana de la provincia de Guantánamo, hostigada y cruelmente reprimida por intentar hacerse cargo de la educación de sus hijos. Es mi obligación como ciudadano pedir la libertad para el matrimonio de Ramón Rigal y su esposa, Adya Expósito, a quienes separaron de sus hijos y condenaron en abril de este año. Ellos ufren prisión.
Están en todo su derecho para en libertad escoger la educación que desean para sus hijos. Un matrimonio valiente, valioso, digno de admiración y respeto, como los firmantes de la carta. Algunos de ellos viven en Cuba y aun así se han atrevido a denunciar la represión del Estado contra la sociedad civil, en especial contra los creyentes de denominaciones religiosas protestantes, y contra los periodistas independientes, y a demandar que, entre otras violaciones de los Derechos Humanos, cese la práctica de «regular» (impedir viajar al extranjero) arbitrariamente a quienes les resulten incómodos. Agrego a esa lista negra a intelectuales, artista y escritores independientes.
Todos los disidentes que nos oponemos al régimen, luchamos por el bien de todos los cubanos.
No es justo que padres preocupados por la enseñanza y el bienestar de sus hijos, sean vilmente juzgados y encarcelados.
Pido que en el mundo se levanten voces de justicia para que podamos construir un país mejor para todos. No hay justicia si se hace silencio ante tanta bajeza. No es justo que las personas no se hagan eco del sufrimiento de un pueblo entero.
Libertad para el pastor Ramón Rigal y su esposa, Ayda Expósito.
Yo también, como los firmantes de la carta: Exijo el fin de las agresiones contra la familia Rigal-Expósito, la libertad para escoger la educación que los padres cubanos deseen dar a sus hijos, así como la descentralización de la enseñanza en Cuba a todos los niveles.
El Estado no debe ser dueño exclusivo de la educación. Es un derecho de todas las personas y una responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado.
Sumo mi firma a las más de 30 mil firmas recabadas por HSDLA a través de la plataforma citizengo.org
Que el Estado respete, garantice y proteja la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y reconozca a los ciudadanos, instituciones no estatales y asociaciones la libertad de prensa.
Como dicen los siete en su carta: Cuba precisa el bien, y para eso la libertad de tanta gente y de ella misma.
Lo creo y firmo.