«El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha cumplido su amenaza del pasado 20 de octubre, cuando advirtió que usaría el sistema judicial para castigar a quienes participen en protestas en el contexto de la crisis energética en el país».
Así comienza la última nota de prensa del grupo de trabajo Justicia 11J a propósito de la nueva ola represiva contra manifestantes en Cuba, con personas detenidas y procesos penales abiertos.
Hasta el momento el grupo ha verificado «70 manifestaciones públicas de descontento ocurridas en la Isla desde que colapsara casi completamente el sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre».
La Fiscalía General publicó este 9 de noviembre una nota en la que confirma se tramitan procesos penales «por la supuesta comisión de los delitos de atentado, desórdenes públicos y daños en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila». Justicia 11J ha verificado protestas en las provincias de Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Mayabeque, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Villa Clara.
«Asimismo, se ha logrado aunar información sobre al menos 25 personas que aún están detenidas en Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba y Villa Clara, en relación con su (supuesta) participación en protestas registradas desde mediados de octubre».
Justicia 11J expresó su preocupación por todas las personas detenidas de las que no se tiene información hasta el momento. «La Fiscalía no menciona a las personas actualmente en detención de la provincia de Villa Clara —arrestadas desde el inicio de la nueva ola de protestas en octubre— que, de acuerdo con nuestro registro, ascienden a 19, de los municipios Manicaragua, Encrucijada y Camajuaní».
«Alarma que se estén desarrollando en total opacidad procesos penales contra manifestantes, pues las condenas de las personas detenidas en anteriores escenarios de protestas desde el 2021, en algunos casos se han extendido hasta más de 20 años de privación de libertad», adicionó el grupo.