La pandemia del coronavirus en Cuba le ha venido como anillo al dedo y servido de coartada al gobierno dictatorial del país, que a través del empleo de decretos y diversas artimañas legales censura, prohíbe y criminaliza actos que no constituyen delitos a nivel internacional, por lo que viola los derechos humanos de la nación y de una Carta Magna diseñada desde el poder y hoy reconvertida en novela de ficción.
Para las autoridades cubanas, hundidas hasta el cuello en una crisis general que afecta renglones de primera necesidad para la población –como los alimentos, el aseo, el fondo habitacional, los medicamentos y otros que por la ineficiencia del régimen tienen al borde de un nuevo “Período Especial” al país desde mucho antes de la aparición del Covid 19–, la pandemia se convirtió en un hecho providencial para justificar el caos económico, político y social de la isla, y de paso, para incrementar la represión.
Esta situación en el país, que nada tiene de coyuntural y mucho menos que ver con el coronavirus –como pretenden hacer creer las autoridades a la población cubana–, se ha convertido en el escenario ideal para mostrar su poder represivo y, camuflados tras supuestos ejercicios legales como decretos y resoluciones violatorias del Derecho Internacional, intentar acallar, mediante la coacción de la fuerza, las voces y proyectos que disientan o propongan un cambio al estancamiento y retroceso que vive la nación.
De ahí que si bien el Decreto Ley 349 se convirtió en una extensión del corralito que levantó Fidel para unificar el balido de los carneros acuartonados tras las talanqueras ideológicas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en 1961, hoy pretenda hacer lo mismo con el arte alternativo. El 370 es una mordaza para impedir la opinión adversa de una ciudadanía que ya expresa su disgusto en las calles, las colas para conseguir alimentos, el transporte y ante todo lo que viole sus derechos.
Las amenazas, multas y el uso extremo de la fuerza policial contra quienes expresan libremente una opinión que no complazca a la revolución, en lugar de poderío y control son señales de temor y debilidad que, disfrazadas de Decretos Ley, violan la propia ley desde sus raíces. En su esencia, la intención es hacer de las disímiles opiniones de la población un coro de once millones de voces que entone un solo tema de alabanza a la revolución, algo difícil de conseguir a estas alturas, aunque nos condenen al paredón.
Según expresa el Decreto Ley No. 370 en el inciso I, capítulo 68, en referencia a las contravenciones de la información y la comunicación, se trata “específicamente de difundir, a través de las redes públicas en la transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Conceptos ambiguos que sólo pueden definir los cuerpos represivos y el poder.
¿Es contrario al interés social que una madre proteste porque no tiene alimentos para sus hijos? ¿Contrario a la moral y las buenas costumbres que una familia exija y denuncie a través de las redes públicas que la corrupción, el desvío de recursos y la desidia gubernamental sean culpables del derrumbe de su hogar? ¿Lesivo para la integridad de las personas que otras digan “esto tiene que cambiar”?
No lo dudo. Se trata de un país bajo un régimen dictatorial, donde expresar que un funcionario es calvo, el otro gordinflón, el de más allá corrupto y aquel vividor constituye una contravención. Un país donde, según este Decreto Ley, el sujeto del delito puede ser multado e incluso ir a prisión. Será real pero kafkiano. Si alguien, por gritar en una calle de Bayamo que “no hay viandas”, es detenido y multado, apaga y vámonos.
Al régimen no sólo le interesa la opinión y forma de expresarse de los artistas en la Cuba de hoy. Por temor a un estallido social generado por las carencias que provocan las ineficiencias, arbitrariedades, imposiciones y actos represivos nacidos de la cúpula gubernamental, hoy silencian el vozarrón de Juan el Mudo y reprimen lo mismo a un vendedor de maní que a una lavandera, a una actriz que a un escritor. No duden que en próximos decretos se dicte qué se puede hablar en la cocina, la sala, los cuartos, la azotea o el baño de la casa, como se satiriza en el audiovisual de Eduardo del Llano titulado Café Monte Rouge.